martes, 7 de enero de 2014

¿Qué Agencia Tecnológica necesita la Administración del Estado? #CIOAGE #CORA

Articulo publicado en primer lugar en Anuario Computing 2014



La finalización de cada año presenta el hito vital de hacer balance del pasado inmediato y realizar la preparación para los retos más próximos. Contrastar la situación presente con la que presumíamos íbamos a encontrarnos hace 365 días forma parte ineludible del ritual. A los efectos de nuestra labor dentro de ASTIC, la tarea es sencilla tomando como referencia el artículo queescribimos en la edición anterior de este mismo anuario.

Hablábamos hace un año de la necesidad de reforma de gestión de las TIC en la Administración, que por entonces se intuía iba a ser uno de los principales ejes alrededor del que girarán los trabajos de la, por entonces, recién constituida Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). No nos fallaba la intuición, el informe de medidas propuestas por CORA publicado en Junio de 2013 dedicaba un apartado específico a los cambios necesarios de abordar en éste ámbito. Tampoco las propuestas que realizábamos en el artículo de hace un año parecían andar desencaminadas. La creación de la figura del CIO de la Administración para la dirección estratégica  y de la prestación de servicios tecnológicos comunes, manteniendo los CIOs sectoriales de los departamentos ministeriales con el fin de dotar de agilidad a la digitalización de las áreas de negocio del sector público, eran parte del núcleo de las propuestas de ASTIC para la reforma que empezábamos a difundir en el artículo publicado en el Anuario Computing de 2012. Ambos aspectos han sido finalmente recogidos en el informe de la CORA y en el Real Decreto 695/2013, dónde se creaba la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración del Estado con rango de subsecretaría.

¿Y ahora qué? ¿Hemos acabado con la reforma? 

Desde el punto de vista de los funcionarios públicos de la Tecnología de la Información, tan sólo hemos empezado. Queda por constituir el armazón sobre el que se sustente la reforma de la gestión de las TIC, la que dentro del informe CORA se denomina "Agencia para la prestación de servicios comunes TIC a toda la Administración". Vaya por delante, que desde ASTIC consideramos la creación de dicha Agencia un error parcial. No es que no sea necesario prestar de modo centralizado los servicios tecnológicos comunes, lo que sucede es que no existe razón alguna para que ese modelo no sea el que se aplique a todos los servicios comunes dentro de la Administración. La creación de una Agencia de servicios comunes (y punto), no sólo de carácter tecnológico, era la propuesta contenida en el documento "Una Administración del Estado para la Sociedad de la Información" que elaboró  ASTIC en Enero de 2013 y remitió a la CORA. Y ese creemos que sigue debiendo ser el modelo. No hay razón para que la lógica aplicada a los servicios comunes TIC no se aplique al resto de los servicios administrativos comunes, y de ello estamos seguros surgirían sinergias que derivarían en una Administración más eficiente y sostenible.

Tendremos, a pesar de todo, tan sólo una Agencia para la prestación de servicios comunes TIC a toda la Administración. Los esfuerzos y propuestas de todos deben, ahora, ir encaminados a hacer de la misma la mejor base para la tan necesaria digitalización de nuestra Administración. 

Es necesario, en primer lugar, una clarificación de la forma organizativa de la Agencia, la concreción de cuál de los muchos modelos de organismos públicos que hay en nuestro ordenamiento jurídico adoptará. A alguno puede parecerle una pregunta meramente retórica, y pensar que si se llama Agencia será para seguir el modelo definido en la Ley 28/2007. No parece, sin embargo, que éste vaya a ser el caso. Algún alto cargo público ya ha manifestado que “la Agencia no será una Agencia de la Ley de Agencias Estatales", y los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 indican, de modo explícito, que sólo se prevé la creación de la Agencia de Investigación. De la resolución de esta primera incógnita dependerá el fracaso o éxito de la reforma de la gestión de las TIC, siendo necesario que el modelo organizativo, que finalmente se escoja para el organismo, le permita actuar en un marco de flexibilidad e innovación sin que por ello se pierdan garantías de defensa del interés general.

En segundo lugar, el liderazgo de la Agencia debe estar basado en un núcleo profesional de directivos públicos. Fundamentado en los principios de mérito, capacidad y pública concurrencia enumerados en el artículo que dedica al personal directivo el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). La definición que en los estatutos de la Agencia se haga de su personal directivo debe garantizar que dichos puestos se ocupen con personas de contrastada experiencia en la gestión pública, evitándose situaciones que acaecen a veces en los nombramientos discrecionales, estableciendo claros límites que cercenen de raíz toda posibilidad de arbitrariedad y amiguismo. De igual modo que la lógica de la razón llevó a ASTIC a demandar que el CIO de la Administración fuera un profesional público de las Tecnologías de la Administración, ahora se hace necesario señalar que los cargos directivos de la Agencia deben ser ocupados por profesionales públicos especializados en cada una de las áreas de la estructura que de la Agencia se defina. La Administración posee, materializada en sus funcionarios de los cuerpos superiores, el talento directivo necesario para satisfacer las necesidades directivas de cualquier organismo público.  

En tercer lugar, el mismo criterio que priorice el empleo del talento interno, en el que se han invertido importantes recursos para su formación, aportados por el contribuyente, ha de regir como leit-motiv a la hora de dotar de capital humano a la Agencia. Indudablemente, los recursos humanos propios siempre serán escasos y las novedades tecnológicas llevarán a recurrir a modelos de colaboración público-privada, siendo el modelo de éxito del área tecnológica de la Agencia Tributaria, netamente basado en personal funcionario, el camino a seguir en el diseño de los servicios informáticos comunes de la Administración. La clara responsabilidad del personal funcionario en el tratamiento que se haga de la información pública y datos personales, cada vez más de carácter digital, es, además, una garantía para el ciudadano. Y no debe olvidarse que éste movimiento de internalización de la función tecnológica, clave de toda organización que aspira a ser eficiente y sostenible, también se está produciendo enempresas de éxito como Telefónica.

Por último, y no menos importante, señalamos como esencial la explotación plena y eficiente de las economías de escala de la Administración. Con razón, se dice a menudo que la Administración es la principal empresa de servicios de nuestro país. La Administración del Estado, aunque disminuida en su peso relativo por el proceso de descentralización política concluido en sus líneas principales a comienzos del siglo XXI, cuenta aún con una plantilla amplia de empleados públicos. Los servicios tecnológicos que necesita este volumen de recursos humanos permiten ser contratados globalmente de modo económicamente eficiente, pero también ofrece ventajas en el ámbito de la autoprestación de servicios cuando se cuenta con personal propio de indudable valía que, como reconoce el RD 695/2013, ha colocado al desarrollo de la Administración Electrónica en nuestro país en los lugares más destacados de nuestro entorno. La adopción necesaria de nuevos paradigmas tecnológicos, como el cloud computing y el big data, puede alcanzar mayor eficiencia si se desarrolla sobre centros de excelencia internos.


No queremos concluir sin un deseo: La participación transparente de todos los actores involucrados en el proceso de reforma de la gestión de las TICs en la Administración. Con la digitalización de la Administración nos jugamos todos la   sostenibilidad de la misma- Es por ello, que en esta segunda fase de la reforma, se deben superar las carencias de diseño colaborativo que han sucedido durante la definición de las medidas del informe de la CORA. Para ello, es necesario una apertura clara y evidenciable del proceso no sólo a empleados públicos, sino también a la sociedad civil y sector privado. El cambio que necesita nuestro sector público tendrá más posibilidades de éxito con la participación de todos.

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