miércoles, 24 de octubre de 2012

Notas sobre legislación #RISP


Nota previa: Esta entrada es la nota resumen de un curso sobre legislación sobre Reutilización de la Información del Sector Público para el Gobierno de Aragón que he impartido.

La Reutilización de la Información del Sector Público (RISP) es una materia sobre la cual la legislación existente es materia reciente, y consecuentemente en evolución. Sus orígenes se remontan tan sólo a 1999, momento en el que la Comisión Europea inició el proceso que desembocaría en el desarrollo de la Directiva 2003/98/CE con el documento "Green paper on PSI in the Information Society"[1]. En el pueden encontrarse ya los puntos que han conformado el debate legislativo sobre la RISP en la última década:
  • Definición del concepto de información del sector público
  • Ámbito de aplicabilidad de la legislación entre toda la información existente
  • La igualdad de derechos en lo referente a la reutilización de la información
  • Modelos de tarificación por la información
  • Límites de la reutilización de la información frente a la protección de datos personales y los derechos de propiedad intelectual

La RISP es concebida en la Directiva 2003/98/CE[2] como un valor añadido sobre las normas de acceso a la información pública, las cuáles no pretende modificar, por ser materia competencial de cada uno de los Estados Miembros en virtud de los Tratados de la Unión. Si bien en la propuesta inicial de la Comisión Europea se contemplaba la reutilización de la información pública como derecho ciudadano sobre cualquier información accesible[3], el texto final de la legislación comunitaria quedo tan sólo en el establecimiento de la igualdad frente a la reutilización de la información. La definición de qué información tiene carácter reutilizable y cuál no, se mantenía como concesión discrecional de las Administraciones Públicas. De igual modo, quedaban fuera del ámbito de aplicación de la Directiva la información generada por la instituciones culturales de carácter público y se permitía establecer precio sobre la información pública declarada reutilizable.

La transposición de la Directiva 2003/98/CE fue lenta por parte de los Estados Miembros. En el caso concreto de España, al igual que en el de un gran número de ellos, se realizó fuera del plazo para ello. El resultado de la transposición de la directiva comunitaria a nuestro marco legal es la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público[4]. La ley no incluía novedad alguna sobre la directiva, más allá de encuadrarla dentro de la legislación de acceso a la información propia de nuestro país.

La promoción de la RISP dado por iniciativas nacionales como el proyecto Aporta, la creciente concienciación sobre el valor económico de la información del sector público a partir del informe MEPSIR[5] y el impulso del movimiento opendata internacional, revelaron las limitaciones del marco legislativo existente. Sólo el reconocimiento de la reutilización de la información pública como derecho ciudadano y el establecimiento de licencias tipo idénticas podrían dar soporte a la creciente industria infomediaria. Esos son precisamente los dos objetivos principales del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal[6].  Adicionalmente, el Real Decreto introduce las obligaciones para la Administración General del Estado de mantener un catálogo de información pública reutilizable y el desarrollo de una Norma Técnica de Interoperabilidad sobre la materia dentro del marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Aunque el Real Decreto es sólo de aplicación en el sector público estatal, existen Administraciones de otros niveles territoriales que están haciendo transposiciones del mismo a su ámbito de competencias.

El último eslabón de la cadena legislativa hasta la fecha es la revisión de la Directiva 2003/98/CE actualmente en curso[7]. Dicha revisión formaba parte de los compromisos de la Comisión Europea contemplados en la Agenda Digital para Europa[8]. El principal objetivo de la propuesta de la  Comisión Europea es la introducción del derecho a la reutilización de la información, promover la disponibilidad de información en formatos estándares reutilizables de modo automatizado, ampliar parcialmente el ámbito de la directiva a museos y bibliotecas públicas y la generalización de la carga de costes marginales por la información como regla en lugar del retorno de la inversión.



[1] “Green paper on PSI in the Information Society”, European Commission, January 1999, COM(1998)585.  http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/green_paper/gp_en.pdf
[3] “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use and commercial exploitation of public sector documents”, European Commission,  June 2002, COM(2002) 207 final. http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive_proposal/en.pdf
[5] “Measuring European Public Sector Information Resources (MEPSIR)”, European Commission, June 2006, http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/actions_eu/policy_actions/mepsir/index_en.htm
[7] "Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information", European Commission, December 2011. http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive_proposal/2012/proposal_directive.pdf

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